GARANTIAS

Garantías tributarias en México




La modificación a la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, renovó varios tópicos, entre ellos el tributario.

Por: Lic. Raúl Bolaños Vital, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana contemplan las garantías que tenemos los contribuyentes frente a la actuación de las autoridades; pero se ha pretendido reducir la aplicación de esas garantías con interpretaciones de justificación económica sustentada en una desavenencia entre lo necesariamente social frente a lo exclusivamente particular, resultando en predominio de lo impositivo para subsistencia del gobierno, mas no necesariamente del país.

Los Derechos Humanos parten del iusnaturalismo. En esencia se sustenta que: “Hay principios morales y de justicia universalmente válidos […] conocidos a través de la razón humana […] en caso que algún sistema o norma no se adecuen a tales principios […] no podrán ser considerados como jurídicos”. La validez de los Derechos Humanos es independiente del derecho positivo. Son universalmente válidos, imprescriptibles, inalienables e inembargables.

A guisa de sumarísimo antecedente histórico, el primer planteamiento jurídico de derechos humanos, proviene de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 , que en su artículo 16, precisa: “Toda sociedad en la cual  la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes establecida, no tiene Constitución”.

En nuestro país, los límites de exigibilidad de la autoridad tributaria los señaló José María Morelos y Pavón, quien expuso en los “Sentimientos de la Nación” el 14 de septiembre de 1813 en el numeral 22:

“Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que más agobian, y se señale a cada individuo un 5% en sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución, y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados.”

El término “garantía” fue usado en México en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822. En la Constitución de 1857 no se consignó el término “garantías” y se denominó a la Sección I del Título I “De los Derechos del Hombre”, reconociendo per se el iusnaturalismo en que se sustentó.

En lo actual es relevante el principio pro persona, axioma que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos: implica acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos; por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José- que salvaguarda los derechos humanos, fue adoptada por el estado mexicano el 22 de noviembre de 1969 y publicada casi 12 años después. La Constitución Mexicana en el artículo 133 consagra los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa. La Constitución Federal y las leyes que de ellas emanan, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras por el Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión.

Por el artículo 2 de la Convención, México adquirió el deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades, además de que las autoridades se comprometen frente a la comunidad internacional. La fracción IV del artículo 31 de nuestra Ley Suprema, contiene principios en materia fiscal que deben considerarse garantías del gobernado. La inobservancia de esos principios constituye una violación de garantías individuales, según un criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consecuencia de la reforma del 10 de junio de 2011, los principios constitucionales de las contribuciones -derechos humanos- su aplicación y garantía, por el operador jurídico de la norma, debe favorecer la protección más amplia de la persona. El reconocimiento de los derechos humanos en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene relevancia en nuestro país desde 3 posiciones: la legislativa, la administrativa y la judicial.

En lo legislativo (adicional a la reforma constitucional de referencia), se da esta protección mediante la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; en lo administrativo, se creó un órgano a través de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente -PRODECON-, ombudsman de los contribuyentes para garantizar el derecho a recibir asesoría, representación, defensoría de oficio ante el Servicio de Administración Tributaria, así como en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y Tribunales del Poder Judicial, recepción de quejas y emitir recomendaciones.

En lo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió recientemente su posición, en diversos precedentes, no específicamente enfocados a la materia tributaria, pero que temáticamente la abarcan, reconociendo plena validez a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad.

Se ha observado la necesaria relación de tributación con el respeto requerido a sujeto pasivo, generador de los recursos para hacer frente al gasto público. El equilibrio que debe haber entre Estado y contribuyentes, con una necesaria e inalienable relación simbiótica, no debe quebrarse con un excesivo poder tributario, ya que puede ocasionar reacciones negativas. La constante, a lo largo de los siglos, es evidente: de la inconformidad a la desobediencia civil y de ahí la revolución, tan actual en varios países de diferente cultura, educación, idiosincrasia, niveles de desarrollo, etc., no tiene gran diferencia. Descontento legítimo, identificado con el de sus congéneres, debe ser referente para las autoridades.

Hay que cambiar varios paradigmas sociales (pasando por lo político, lo económico, lo tributario) y retomando al ser humano como origen y fin de las leyes, políticas y decisiones. El descontento social es fenómeno multifactorial de vocación universal, que no debe abonarse, además (como si fueran situaciones diferentes, sin conexión), con tributos que agobien y sean impulso detonador con efectos expansivos.

*Artículo publicado en el periódico Excélsior, sección Dinero.