lo que debes saber auditoria electronica

Auditorías electrónicas




Por C.P.C. y Mtro. Roberto Colín.

Las auditorías que se realizarán a la Contabilidad Electrónica de los contribuyentes son una forma de interacción con ellos, cuyo fin último es la fiscalización. Se espera que al cierre del 2016 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haya iniciado aproximadamente 3,000 auditorías electrónicas.

Es importante tener en cuenta que las auditorías electrónicas están destinadas principalmente para aquellos contribuyentes en los que se detectaron inconsistencias con respecto a la información que declararon en la base de datos y los sistemas del SAT, básicamente en lo que se refiere a:

  • La diferencia entre impuestos a cargo declarado, contra lo efectivamente pagado.
  • La omisión de retenciones o entero del Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto al Valor Agregado.
  • El acreditamiento indebido de pagos provisionales en la declaración anual.
  • Los donativos otorgados en exceso.
  • La determinación incorrecta del ajuste anual por inflación acumulable o deducible.
  • La deducción indebida de intereses pagados por créditos hipotecarios de más de una casa habitación.

Según dio a conocer el Administrador Central de Operación de la Fiscalización Nacional del SAT, “el posible universo a fiscalizar incluye a todos los contribuyentes que ya han confirmado su Buzón Tributario, y es por medio de éste que se notificará a quienes sean sujetos a revisiones electrónicas.

De los 53 millones 585,310 contribuyentes activos que el SAT tiene en su padrón, 1 millón 678,645 contribuyentes han confirmado su Buzón Tributario, y, 431,020 son personas morales, en tanto que 1 millón 247,625, son personas físicas.

En el caso del resto de los contribuyentes que aún no han confirmado su Buzón Tributario, si se detectan inconsistencias, podrán ser sujetos a un acto de fiscalización por el método tradicional (visitas domiciliarias y revisiones de gabinete).

Cabe mencionar además, que son alrededor de 7,856 contribuyentes los que están amparados contra la Contabilidad Electrónica y el Buzón Tributario, por lo que no pueden ser sujetos a estos actos de fiscalización.

Las auditorías electrónicas tienen su fundamento en la fracción IX del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el que establece que las autoridades fiscales pueden realizar los actos que dentro del marco legal consideren convenientes, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, además de comprobar la comisión de delitos fiscales.

Pueden también proporcionar información a otras autoridades fiscales, y están facultadas para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, con base en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, ya se trate de uno o más rubros, o de conceptos específicos de una o varias contribuciones.

El artículo 53-B del CFF menciona los requisitos a cumplir para el desarrollo de las revisiones electrónicas, con el objeto de revisar aquellos rubros o conceptos específicos, correspondientes a una o más contribuciones o aprovechamientos que no se hayan revisado anteriormente.

Básicamente, el desarrollo de las auditorías electrónicas se divide en cuatro etapas:

I. Con base en la información y documentación que obre en su poder, las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven de la omisión de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras irregularidades, a través de una resolución provisional que, en su caso, contenga la preliquidación respectiva.

II. En la resolución provisional se requerirá al contribuyente, responsable solidario o tercero, para que en un plazo de quince días siguientes a la notificación de la resolución, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione la información y documentación, a fin de desvirtuar las irregularidades o acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos consignados en la resolución provisional.

En caso de que el contribuyente acepte la preliquidación por los hechos que se hicieron de su conocimiento, podrá optar por corregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, una vez que haya realizado el pago total de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus accesorios, en cuyo caso, gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.

III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente, si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser verificados, podrá actuar indistintamente conforme a cualquiera de los siguientes procedimientos:

a) Enviará un segundo requerimiento al contribuyente dentro del plazo de los diez días siguientes a aquél en que la autoridad fiscal reciba las pruebas, éste deberá ser atendido por el contribuyente dentro del plazo de diez días siguientes contados a partir de la notificación del segundo requerimiento, mismo que suspenderá el plazo señalado en la fracción IV, primer párrafo de este artículo (plazo para emitir la resolución).

b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso, desde el día en que se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero conteste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción IV (plazo para emitir la resolución), situación que deberá notificársele al contribuyente dentro de los diez días siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior, caso en el que el plazo no podrá exceder de dos años.

Una vez que obtiene la información solicitada, la autoridad fiscal contará con un plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la resolución, salvo en el caso de pruebas periciales, en el que se computará a partir de su desahogo.

IV. En caso de que el contribuyente exhiba pruebas, la autoridad contará con un plazo máximo de cuarenta días contados a partir de su desahogo, para la emisión y notificación de la resolución, con base en la información que se cuente en el expediente.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el Buzón Tributario; el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado, y dichas notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.

El contribuyente recibirá un aviso previo a la realización de la notificación electrónica, contará con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior, y en caso contrario, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.

Finalmente, es importante que los contribuyentes sepan que podrán acogerse a un acuerdo conclusivo sobre los hechos u omisiones que no acepte, a efecto de que se resuelva su caso de la mejor manera y en forma consensuada con la autoridad fiscalizadora, dicho acuerdo deberá solicitarlo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente lo que le da derecho por única ocasión, a la condonación del 100% de las multas.

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